Resumen Ejecutivo
Laboratorio Cívico
Acción Colectiva y Cooperación Técnica Internacional en la lucha contra la corrupción
Martes 30 de agosto de 2022
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
La corrupción es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de cualquier país, profundiza la pobreza y afecta la gobernabilidad. Se manifiesta de diferentes formas para corromper la integridad de oficiales de gobierno, debilitar las instituciones del Estado, deriva en desvío ilícito del presupuesto gubernamental con fines espurios y por otro lado altera el normal funcionamiento del mercado.
Las mayores víctimas de la corrupción no son conscientes de que son víctimas y atribuyen su situación a otros factores. La corrupción vulnera los derechos humanos, impidiendo el acceso a educación, una vivienda digna, agua potable y otros servicios básicos. La corrupción florece en lugares donde los controles y balances institucionales desaparecen, dónde las leyes y controles se tornan débiles y donde las decisiones son opacas y sombrías. Fundamentalmente donde la sociedad civil se ve amenazada y el periodismo independiente hostigado.
La Coalición por Panamá Pro-transparencia y Anticorrupción, la conforman un grupo de organizaciones de sociedad civil y movimientos ciudadanos que se unieron para trabajar conjuntamente en la lucha contra la corrupción. Los miembros de la coalición coinciden en la importancia de hacer cambios en las estructuras del Estado que permitan mayor transparencia, rendición de cuentas y la defensa del sistema democrático. Es además imprescindible sumar esfuerzos coordinadamente con el sector privado, para lograr construir una estrategia sólida que pueda resultar en acciones concretas.
Por tal razón, los miembros de la Coalición han sumado esfuerzos coordinadamente para llevar a cabo este primer encuentro que dio lugar el pasado 30 de agosto de 2022, gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.
ENCUENTRO
Durante el encuentro se utilizó la metodología de laboratorio con mesas temáticas de trabajo. Participaron organismos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Gracias al aporte de todos los participantes se logró articular una estrategia común con propuestas específicas en el combate a la corrupción, con el apoyo de la comunidad internacional.
Se discutieron temas como integridad empresarial, igualdad de oportunidades en las contrataciones públicas, eficiencia y celeridad en el poder judicial, apertura Parlamentaria y organismos de control en relación con el monitoreo del presupuesto del Estado.
PRINCIPALES APORTES
I. Acción Colectiva por una actividad empresarial ética, que propicie procesos de compra y contrataciones transparentes y beneficiosos para el Estado
La corrupción afecta a todas las empresas, algunos sectores son más vulnerables que otros. Pero indistintamente, la racionalización del comportamiento no ético es un problema real al que se enfrenta el sector privado. Al combinar este comportamiento no ético de las empresas con la débil institucionalidad del sector público, aunado a la falta de liderazgos con integridad, tenemos como resultado el terreno fértil para actos de corrupción sistémicos.
Lo anterior socava el principio de que toda contratación pública debe estar inspirada en el bienestar social y el interés público, por tanto, no debe haber cabida para contratos que vulneren el interés social, ni normas que desvirtúen el derecho a la libre competencia.
El conocido escándalo de Odebrecht y muchos otros en Panamá, han puesto en evidencia la debilidad de los sistemas de contrataciones públicas frente a la corrupción, sobre todo en el área de la infraestructura pública. Basado en las discusiones sostenidas los participantes identificaron las siguientes acciones:
Igualdad de oportunidades y la transparencia en las contrataciones públicas:
1. Motivar a los gremios empresariales a presentar ante el Estado propuestas que mejoren la transparencia en contrataciones públicas y el derecho a la libre competencia.
2. Realizar – en colaboración con la comunidad internacional – una revisión rigurosa y experta de las contrataciones públicas para relevar y simplificar las normas vigentes, apuntando a sostener la libre competencia y la lucha contra la corrupción.
Integridad empresarial:
3. Promover el auto lavado social dentro de los gremios empresariales.
4. Diseñar un programa de reconocimiento en el sector privado, para destacar públicamente a empresas modelo que cuenten con un programa anticorrupción y de buena gobernanza.
5. Desarrollar un Toolkit de Buena Gobernanza empresarial que pueda ser promovido por los gremios empresariales y adoptado de forma voluntaria por las empresas. Dentro del contenido del Toolkit se destaca:
Herramienta de diagnóstico de riesgos y vulnerabilidad antes actos de corrupción de acuerdo con el sector de la empresa.
Programa permanente de capacitación anticorrupción y ética para la empresa, en todos los niveles.
Guía para establecer un código de ética y un comité de ética interno que impulse una política de integridad empresarial. Incluye casos prácticos de conflictos de interés.
II. Justicia Abierta, eficacia, independencia y protección de los jueces
La Justicia es considerada como el poder más conservador, formalizado y jerárquico del sistema democrático. Es relevante reflexionar sobre qué ha hecho y no ha hecho la Justicia en Panamá para hacer su función más transparente. Además de identificar acciones que promuevan la continuidad de los funcionarios.
De acuerdo con los resultados del Informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) el sistema judicial panameño adolece de una verdadera independencia. El informe señala muchos escándalos, actos de corrupción y denuncias, que incluyen a funcionarios en altos cargos, entre ellos procuradores y magistrados. Lo anterior pone en tela de duda la autonomía que debe existir en un Estado de Derecho, sin injerencias o presiones de otros órganos del Estado.
Dentro de esta mesa se identificaron las siguientes acciones:
6. Avanzar en el proceso de implementación de la Carrera Judicial, para garantizar la independencia e imparcialidad en la función jurisdiccional, promoviendo la meritocracia, eliminando los nombramientos discrecionales y castigando las faltas a la ética y actos de corrupción de los operadores de justicia.
7. Proponer una revisión de la Ley de Carrera Judicial, para mejorar ciertos aspectos que quedaron sin atender.
8. Incorporar una normativa de transparencia, ética y seguimiento al trabajo de los jueves donde se establezcan las “líneas rojas”, y alertas tempranas que sirvan para tener mayor control de su trabajo.
9. Difusión y promoción de temas relacionados con la corrupción, para sensibilizar e informar a la población en general.
10. Establecer mecanismos de due dilligence para los jueces.
11. Modificación de la ley de la Procuraduría General de la Nación para que se auditen las declaraciones patrimoniales de los jueces (Ley 59/1999).
12. Incorporar mecanismos de protección de los jueces en materia de persecuciones, extorsiones, amenazas a la integridad física y reputacional de ellos como de sus familias.
13. Incorporar los conceptos de convergencia criminal en la corrupción, donde el crimen organizado internacional y la corrupción trabajan juntos y se necesitan mutuamente.
14. Promover una misión internacional de expertos que puedan trabajar con expertos nacionales de la sociedad civil, para realizar una revisión general de los marcos normativos, las instituciones y todo lo necesario para que el sistema funcione. Esta misión debe tener un presupuesto propio y un mandato del Presidente de la República para trabajar. Sería eventual y presentaría un documento de acciones a implementar en todos los poderes del Estado.
III. Apertura Parlamentaria:
La Asamblea Nacional de Panamá tiene un papel clave que desempeñar en el fortalecimiento del Estado democrático, tanto en su función legislativa como en la fiscalizadora y de representación. Para ello, la credibilidad y confianza hacia el Parlamento es fundamental.
Según el informe del Latino barómetro 2021 (https://www.latinobarometro.org/lat.jsp), la Asamblea Nacional y los partidos políticos son las instituciones con menor confianza ciudadana a nivel nacional alcanzando solo un 15% y 12%, respectivamente. Esto es una señal de alarma para la democracia panameña.
Destacamos además los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2020 (ILTL), que indica que la participación ciudadana es la dimensión mejor evaluada de la Asamblea Nacional de Panamá a nivel regional. Sin embargo, el resto de las dimensiones evaluadas: Presupuesto, Gestión Administrativa, Normativa y Labor del Congreso coloca el nivel de transparencia legislativa de la Asamblea Nacional de Panamá como deficitario. Estos resultados ubican al país como uno de los 4 países más opacos de la región.
La Asamblea Nacional cuenta con un marco normativo débil y vacíos regulatorios de importancia, muchos de los cuales podrían ser robustecidos con las reformas requeridas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea (RORI).
Considerando lo anterior se produjeron las siguientes propuestas:
15. Trabajar colaborativamente con la Asamblea Nacional para realizar un análisis de las propuestas legislativas ciudadanas presentadas a través de la Oficina de Participación Ciudadana, con la intención de:
Comprender los temas de interés de la ciudadanía en materia legislativa.
Analizar los puntos que hacen que una propuesta ciudadana sea exitosa o no.
16. Desarrollar y mantener una estrategia digital que permita educar a la ciudadanía sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión legislativa y la gestión administrativa de los Diputados.
17. Presentar un mecanismo eficiente para regular el “lobby” o cabildeo, considerando que es una actividad legítima, pero al mismo tiempo delicada, ya que puede propiciar abusos, distorsiones y captura del gobierno por intereses económicos. Proponemos un mecanismo que incluya un registro público de lobbistas nacionales e internacionales, y que estos declaren las intenciones o intereses que se buscan promover y los clientes a quienes representan.
18. Desarrollar una “Carta Compromiso” para las elecciones 2024, y promover que sea firmada como un Reto anticorrupción para los candidatos a Diputados. El mismo debe contar con un mecanismo de seguimiento y medición. Los compromisos deben ser específicos.
19. Entre estos compromisos destacamos “Proponer las reformas necesarias al RORI”. Puesto que es donde se encuentran muchos de los vacíos regulatorios de importancia que señala el ILTL. La norma actual permite reuniones de comisiones sin registro, ausencias, nombramientos de planillas clientelares de operadores políticos, falta de rendición de cuentas, votación opaca, usurpación de actividades de autoridades locales, etc.
IV. Organismos de control y presupuesto del Estado:
Existen dos iniciativas metodológicas para apoyar al Estado panameño en la elaboración y ejecución más efectiva del presupuesto de éste. Una impulsada por el PNUD que se denomina “Presupuesto por resultados” y la otra es parte del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto que incluye la implementación de la Metodología de Presupuesto Abierto. Ambas iniciativas son responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y promueven el monitoreo del presupuesto por parte de la ciudadanía.
Con relación a la Metodología de Presupuesto Abierto, el Estado panameño bajo el 4to Plan de Acción Nacional para el Gobierno Abierto se comprometió ante la comunidad internacional a cumplir 8 compromisos para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en distintas áreas de gobierno antes de septiembre de 2023.
Uno de esos compromisos es el de presupuesto abierto, en donde el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la responsabilidad, entre otras cosas, de incorporar mejores prácticas a la hora de preparar y evaluar la gestión presupuestaria, al permitir la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto, así como publicar un presupuesto ciudadano. El MEF está atrasado en el cumplimiento de estos compromisos
Resulta crítico el monitoreo del Presupuesto, ya que se conocen múltiples casos de desviación de fondos públicos y compras discrecionales fuera de las plataformas que provee el Estado. Además, se ha detectado que, en términos generales, el gran ausente en todos los Órganos del Estado es la rendición de cuentas.
Por lo anterior se propone solicitar al MEF que presente lo siguiente:
20. Documento de ejecución presupuestaria de medio año;
21. Plan Piloto de participación ciudadana para el monitoreo del presupuesto.
22. Publicar toda la información presupuestaria en formato de datos abiertos.
Además, se propone solicitar lo siguiente a la Contraloría General de la República:
23. Que cumpla con su rol constitucional y en consecuencia ordene auditorías en los casos que la ley señala.
24. En los programas de incentivos fiscales, señalar los criterios estratégicos y procesos de rendición de cuentas, incluyendo la justificación de la fuente sustitutiva.
25. Exigir una rendición de cuentas detallada sobre el estado de las finanzas públicas, incluyendo el destino que se le ha dado a los fondos recibidos a través de adquirir más deuda pública internacional, incluyendo los préstamos y la emisión de bonos.
A la Autoridad de Descentralización, que se le solicite:
26. Que las consultas ciudadanas a las que obliga la ley para la aprobación de los presupuestos locales sean legítimas, reales y efectivas, no un mero formalismo.
27. Que se limite severamente la discrecionalidad en la aprobación de los presupuestos locales, justificando plenamente cada rubro, y que cumplan con el mandato de que sean usados para inversión y no para salarios
28. Que cumplan con el régimen de contrataciones públicas de Panamá Compra, que de manera arbitraria obvian algunas instituciones.
Asimismo, se debe solicitar a la Asamblea Nacional, lo siguiente:
29. La derogación de la ley que permitió aumentar el límite en los montos que los municipios podían usar para salarios del presupuesto asignado a obras que se aprobó debido a la pandemia. Hay que regresar a la normalidad.
30. Que también cumplan con el régimen de contrataciones públicas de Panamá Compra, que de manera arbitraria omiten.
31. la Comisión de Presupuesto le de un seguimiento efectivo al presupuesto del Estado aprobado.
32. Disminuir el déficit fiscal al margen permitido en la ley.
Finalmente, durante la campaña política del 2022, promover el presupuesto abierto y la transparencia del gasto como tema fundamental en los debates y compromisos de los que aspiran a un cargo de elección.
PRÓXIMOS PASOS
Socializar el resumen ejecutivo con los organismos que participaron del evento, y exhortar que lo compartan en sus organizaciones.
Identificar cuáles organizaciones y movimientos de las que participaron del evento, cuentan con la capacidad y disposición de participar en sesiones de trabajo, para desarrollar una estrategia que nos permita impulsar las acciones identificadas.
ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS QUE PARTICIPARON DE ESTE ENCUENTRO:
1. Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDE
2. Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá
3. Cámara de Comercio Británica
4. Centro de Iniciativas Democráticas, CIDEM
5. Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS
6. Colegio Nacional de Investigación Criminal y Seguridad de Panamá, CNICSP
7. Consejo de Ex presidentes de Gremios de Panamá, CONEXPA
8. Crime Stoppers International
9. Embajada Británica
10. Embajada de los Estados Unidos
11. Fundación Espacio Cívico
12. Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional
13. Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, IPANDETEC
14. Instituto Panameño de Estudios Cívicos, IPEC
15. Movimiento Independiente por Panamá, MOVIN
16. Movimiento Ciudadano Anticorrupción
17. Movimiento Panamá Joven
18. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD
19. Organización de los Estados Americanos, OEA
20. Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia
21. Repensar Panamá